La ley Égalité et citoyenneté ("Igualdad y ciudadanía") prevé penas de hasta un año de prisión y una multa de hasta 45.000 euros para aquellos que nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia, como es el caso del Genocidio Armenio, reconocido por el Parlamento francés en 2001.
El senador Philippe Kaltenbach remarcó que "a partir de ahora, se castigará la negación de cualquier genocidio. Estamos en una fase crucial del proceso de criminalizar el negacionismo y, en particular, la negación del Genocidio Armenio de 1915". El canciller armenio Edward Nalbandian elogió la decisión en un comunicado de prensa.
Tanto la Asamblea Nacional como el Senado (las dos cámaras que componen el Parlamento francés) habían aprobado en 2011 y en 2012 una ley similar que criminalizaba la negación del genocidio. La corte constitucional, tras fuertes presiones y lobby por parte de Turquía, revocó la decisión argumentando que se trataba de un caso de violación de la libertad de expresión.
