¿Puede la crisis en Ucrania generar un conflicto entre Rusia por un lado y Estados Unidos y la Unión Europea por el otro?
Mucho depende de la reacción de Rusia al referéndum en Crimea el próximo 16 de marzo. Si Moscú decide anexar la península o reconocer su independencia es muy probable que Estados Unidos y sus aliados europeos reaccionen. Una movilización de la OTAN, como piden los “halcones” en Washington, está descartada, pero se puede prever sanciones económicas, confiscación de bienes, congelamiento de cuentas bancarias y restricciones de visas. El problema es que estas sanciones, que generaron una notable presión sobre Irán para obligar a Teherán a firmar el acuerdo nuclear interino en noviembre pasado, perjudican también a Europa por la interdependencia financiera que el gran capital ruso ha creado desde la caída de la Unión Soviética. Por más que repudie la demostración de fuerza de Moscú, Europa, sobre todo los países como España y Grecia que están luchando para salir de la recesión, necesita inversiones y hay mucho dinero ruso invertido en propiedades, clubes de fútbol, sin hablar de las cuentas bancarias. Más importante, existe el riesgo que estas sanciones terminen golpeando al propio sistema financiero y su credibilidad.
Rusia, entonces, terminaría ganando la pulseada…
Goza de muchas ventajas sobre los aliados occidentales sin dudas, pero su supuesta “victoria” será pírrica. No solamente porque las sanciones lastimarían su economía que aún depende fundamentalmente de los recursos naturales y su exportación a los mercados internacionales, pero también porque su intervencionismo generaría desconfianza en otros actores internacionales como China a la hora de buscar alternativas a los mercados europeos. Más importante, se compraría un problema porque en Crimea no están solamente los secesionistas rusófilos, sino también los ucranianos leales a Kiev y una fuerte minoría de tártaros todavía resentidos por el desplazamiento forzado que les impuso Stalin acusándolos de colaborar con los Nazis en la Segunda Guerra Mundial, y sin mucha simpatía hacia Moscú. La independencia de Crimea o su anexión a Rusia muy probablemente crearían una situación interna explosiva entre los rusófilos y los demás, y abriría puerta a complicaciones con la perspectiva de intervenciones o amenazas de intervención. El canciller turco, Davutoglu, acaba de mandar una señal en este sentido asegurando a los tártaros que Ankara no se quedaría con los brazos cruzados si sus compatriotas turcos pidieran su ayuda.
¿Qué impacto tendrá el eventual referéndum en Crimea y la perspectiva de su secesión de Ucrania sobre el conflicto de Nagorno Karabaj en el Cáucaso?
Son dos situaciones distintas. En el Cáucaso, Rusia nunca dio la mínima señal a favor del reconocimiento de la independencia de Nagorno Karabaj. Al contrario, durante el conflicto y luego la guerra, se esforzó a mantener el equilibrio entre los armenios y los azeríes; no hay que olvidarse que el régimen soviético se opuso a la demanda constitucional y pacífica de Nagorno Karabaj de un cambio de su status, y a la caída de la Unión Soviética quedó mucho más armamento en manos de azeríes que en el lado de los armenios. Solamente cuando Turquía amenazó intervenir directamente, Moscú se puso firme en defensa de su “vecindad próxima”. Aun hoy, y pese a que Armenia es un país miembro de la Comunidad de los Estados Independientes, firmante del Tratado de Defensa Colectiva, socio estratégico y recientemente se adhirió a la Unión Aduanera, Rusia no se restringe a la hora de vender armas a Azerbaiyán. En Crimea, Rusia usa el argumento de la defensa de sus compatriotas rusos, y lo está transformando en una peligrosa doctrina de intervención militar; en el caso de Armenia no lo puede usar, por lo tanto prefiere tener un factor de presión para asegurar que Ereván no se apartará de su esfera de influencia. Cuando Rusia reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur presionó para que Armenia le siguiera el paso. Por suerte, Ereván se mantuvo firme y no cayó en la trampa.
Pero el referéndum de Crimea es constitucional y se inscribe en el contexto del ejercicio del derecho de autodeterminación, como en el caso de Nagorno Karabaj.
El referéndum de Crimea puede ser constitucional por el status de autonomía que tenía en el ámbito territorial ucraniano. Pero en este caso, el argumento de ejercer el derecho de autodeterminación sirve para bastardear el principio mismo. La imprudencia de algunos nacionalistas ucranianos en Kiev de caer en la tentación de, por ejemplo, imponer el uso del idioma ucraniano, o, peor, prohibir el ruso, como lo hizo estúpidamente el primer presidente de Georgia, Zviat Gamsajurtia, luego de la independencia, puede servir de argumento de amenaza. Hay pocas dudas de que detrás de la movida de Crimea para el referéndum está Moscú, que lo está usando para sus propios intereses y cálculos de poder. Ese ejercicio del derecho de autodeterminación parece más al referéndum de los Kelpers en Malvinas en marzo del año pasado que el ejercicio del derecho de autodeterminación de Nagorno Karabaj en febrero de 1988.
Azerbaiyán mantiene desde 1921 un conflicto con Armenia por la región de Nagorno Karabaj, históricamente poblada por armenios. Cuando estas naciones fueron anexadas a la URSS, el régimen comunista de Stalin cedió los territorios de Karabaj a Azerbaiyán soviética, aunque se la reconoció como región autónoma. Años más tarde, surgió en 1988 un movimiento por la liberación y autodeterminación de sus habitantes, una lucha que, luego de reiteradas matanzas contra la población armenia, derivó en una guerra, en la que participó Azerbaiyán contra los armenios de Karabaj apoyados por Armenia. Con la derrota de Azerbaiyán, en 1994 se acordó un cese del fuego que continúa vigente hasta ahora, aunque continuaron los ataques en la frontera por la parte azerí, junto con las tensiones y mediaciones por el conflicto. Hoy en día, Karabaj logró constituirse como una República, y aunque continúa sin ser reconocida como tal, lleva a cabo elecciones democráticas, tiene instituciones estatales y está organizada por un Estado de derecho.
